El debate abierto por Álvaro Uribe sobre si se introduce competencia para acceder a la financiación pública de la educación sirve para hablar de una promesa del presidente Duque, la número 63, que no se puede olvidar por su pertinencia:
“Implementaremos el plan de 1.000 preescolares públicos y público-privados en asociación con proveedores privados y asociaciones de profesores”.
Es pertinente por la baja cobertura en prejardín (tres años), jardín (cuatro años) y transición (cinco años), y porque introduce la noción de competencia. En 2018, teníamos más de 400.000 niños sin atender en edad de tres años, cerca de 200.000 en edad de cuatro años y una cobertura inferior al 60% en el grado de transición.
Naturalmente, la conversación con Fecode será interesante porque en su pliego de peticiones radicado el 14 de febrero no da espacio para ese cambio en la política pública. Sin embargo, el Pacto por la Equidad del Plan de Desarrollo (PND) “busca avanzar hacia la universalización de la educación preescolar”.
Como la propuesta 63 de campaña no aparece en el proyecto del PND, la pregunta es si el Gobierno piensa avanzar solo con oferta pública, como quiere FECODE.
Hay de por medio una razón fiscal: la construcción de los 1.000 preescolares podría costar $1,5 billones (versus una meta de “aulas terminadas y entregadas en educación preescolar, básica y media” de menos de 2.500 para el periodo).
Pero este reto podría verse distinto si se adopta la perspectiva público-privada, en vez de solo pública. En términos estructurales necesitamos: i) una regulación legal (hoy es “más fácil abrir un jardín infantil que una peluquería”), con inspección y vigilancia; ii) una política de fortalecimiento de la oferta, y iii) una política de financiación y cofinanciación de la demanda.
En términos específicos, hay experiencias ejemplares con la alternativa de adecuación de casas con $30 millones para 50 niños (versus $1.500 millones de un CDI para 200 niños). Es decir, se puede cumplir la promesa presidencial con austeridad, una incubadora de operadores que apoye a profesionales y licenciados emprendedores asociados, y una versión de “vouchers” (bonos para las madres cabeza de hogar, en primer lugar, cobijando también a las de estrato tres).
Muchos jardines infantiles privados podrían acogerse a la nueva política pública, mejorar la calidad de acuerdo con los estándares exigidos y contribuir a la atención integral de tantos de nuestros niños gracias a la unión de lo público y lo privado. Las constructoras podrían vincularse pensando en los párvulos de las empleadas de los propietarios.
Este cambio necesario en la política educativa sería menos difícil si los niños de tres a seis años pudieran hacer marchas como los estudiantes universitarios y los docentes. Lamentablemente es así. Con una fracción de lo que consiguieron los estudiantes con el paro se haría el plan de los 1.000 preescolares con más de 50.000 nuevos cupos. Más de 3.000 licenciados y tecnólogos en educación tendrían empleo con remuneración decente y un régimen de servicio cuyo centro inequívoco sea el niño.
Tal innovación es urgente, y su impacto limitado no nos eximirá del desafío descomunal de mejorar la educación pública (sin rehuir una reforma institucional en un horizonte que va más allá de un gobierno).
@DanielMeraV