Alguna vez un grupo de muchachos que promovía, en los 80´s, una revista juvenil, le preguntó a Carlos Monsiváis -”¿Qué opina usted de la juventud?” El escritor contestó algo así como “-...que será la vejez del futuro...”. Ciertamente, la infancia o la juventud vistas en abstracto, sin contenido, parecen ser categorías vacías. Habría que pensar, en todo caso, a las niñas, los niños, los jóvenes y los adultos en un horizonte de derechos; en un país con oportunidades de estudio y trabajo con libertad, dignidad y equidad para todos; pensar en una sociedad democrática, participativa, respetuosa de las personas, sin importar su género o su edad, sin privilegiar sus creencias religiosas, preferencias políticas, sexuales, ideológicas o sus orígenes étnicos; en una sociedad que goce de los productos culturales y de la creatividad artística, científica y tecnológica; y que además se haga responsable del cuidado del planeta que habita, entre otras prioridades.
Esta reflexión surge porque hoy en día, en el Congreso de la Unión, se redefine el marco legal del derecho a la educación en México. Y eso tendrá un efecto directo e indirecto en nuestra población. Veamos: Las niñas y los niños que en México tienen, hoy, entre 3 y 4 años de edad, dentro de 15 años, es decir, para el 2034, se encontrarán en el umbral de la edad adulta. Las niñas y los niños que nacieron en 2016, que tienen 3 años o los van a cumplir este año; y las niñas y los niños que nacieron en 2015, que tienen 4 años o los van a cumplir este año 2019, de todos ellos y ellas, hoy, sólo 50 de cada 100 se encuentran inscritos en la escuela (primer grado de Educación Preescolar). Eso dicho con fundamento en las cuentas que nos ofreció, en enero de 2018, el entonces titular de la SEP, Otto Granados Roldán. Entre 2012 y 2017, según las estadísticas oficiales, la cobertura de primer grado de Educación Preescolar, es decir, la tasa de atención de los niños que hoy tienen entre 3 y 4 años, en promedio, pasó de 40 por ciento a cerca de 50 por ciento en México.
Así lo expuso, el año pasado, el hoy ex titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP): “…Para el caso de México, durante la presente administración, entre los ciclos escolares 2012-2013 y 2017-2018, la matrícula de Educación Preescolar se ha incrementado en cerca de 250 mil alumnos, superando por primera ocasión los 5 millones. En este periodo, la tasa de cobertura para el grupo de edad de tres a cinco años pasó de 70.7% a un estimado de 75.5%, es decir, 4.8 puntos porcentuales adicionales. Por edad específica, para los niños de tres, cuatro y cinco años que son atendidos únicamente en Preescolar, los valores del indicador son 49.9%, 92.3% y 84.3%, respectivamente. En todos los casos, estos niveles de atención son superiores a los observados hace cinco años (40.1%, 88.5% y 83.4% respectivamente), destacando el fuerte crecimiento −de casi 10 puntos porcentuales− en la atención de los niños de tres años.” (Ver: Otto Granados Roldán. “Los Retos del Escritorio”, SDP Noticias, 6 de enero, 2018).
Esas cifras coinciden prácticamente con las ofrecidas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en sus más recientes reportes: “Al inicio del ciclo escolar 2014- 2015, sólo 42.8% de los niños de 3 años estaban matriculados en la escuela (primer grado de Educación Preescolar), en contraste con 89.9% de los que tenían 4 (segundo grado de Educación Preescolar).” (1)
Incongruencias entre lo legislado y la realidad educativa
Como se sabe, las leyes mexicanas establecieron la obligatoriedad de la Educación Preescolar desde el año 2002. Hoy, sin embargo, es día en que no se cumple cabalmente ese mandato de ley; es decir, hay una falta a la llamada “universalización” de los derechos para ese nivel educativo, que está dirigido a las niñas y los niños entre 3 y 5 años de edad (casi 6). No obstante, los problemas de la cobertura se extienden hacia otros rangos de edad y condiciones sociales; situación que impacta en amplios sectores de la población más joven del país. “…En términos absolutos, no están inscritos en los centros escolares cerca de 258 mil niños de 12 a 14 años, 1 millón 266 mil niños y niñas entre los 3 y 5 años, y 2 millones 359 mil jóvenes de los 15 a 17 años” (INEE, 2016)
Algunas preguntas reflexivas que propongo al respecto son: ¿Por qué todas y todos nuestras niñas, niños y jóvenes no están como participantes activos en las escuelas de la Educación Obligatoria (Preescolar, Primaria y Secundaria)? ¿Qué decisiones y acciones de políticas públicas deberán tomarse para que eso ya no ocurra en nuestro país? ¿De qué manera contribuye a ese propósito (escolarizar a la mayor parte de la población infantil y juvenil), la modificación del texto Constitucional y de las leyes secundarias? ¿De qué forma y por qué las políticas públicas educativas se alejan de los principios generales, normativos o procedimentales que establecen las leyes? Si existen graves problemas de planificación de las políticas públicas en este sector, ¿Por qué no se han corregido? ¿A quién le conviene que dichas políticas públicas de la educación no cumplan con lo establecido en la Constitución Política y las leyes secundarias?
Ojalá que el dictamen para modificar el texto Constitucional, en materia educativa, que en estos días sacarán adelante los legisladores, se concrete realmente en las escuelas, y que no quede sólo en buenas intenciones. Y que, además de ser por consenso, los acuerdos que resulten del trabajo legislativo estén debidamente coordinados con los titulares de los poderes ejecutivo federal y de los estados, para que la realización de las políticas públicas educativas, nacionales y locales, sea congruente con el marco legal establecido. (Con los consecuentes elementos de previsión presupuestales y logísticos). De otra manera, y si no se corrige esta falla (entre lo legislado y la realidad educativa), se caerá en las inconsistencias históricas que por décadas ha padecido el país, en términos del incumplimiento, documentado, del ejercicio pleno del derecho a la educación.
Fuente consultada:
(1) INEE. (2016). La Educación Obligatoria en México. Informe.